En los últimos años hemos observado la incorporación sistemática de la perspectiva de género, la igualdad y la paridad en todos los espacios de la vida pública en el país. La institucionalización de la perspectiva de género ha permitido que las diferentes estructuras del Estado cuenten con espacios específicos para transversalizar acciones a favor de la igualdad, tal es el caso de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como las Comisiones o instituciones similares creadas con dicho propósito tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE), como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL).

La creación de dichas Comisiones es de suma relevancia, pues son órganos del Consejo General donde se articulan las acciones, estrategias y planes para el avance sustantivo de las mujeres, la promoción de la igualdad, así como la implementación de acciones que buscan erradicar toda forma de discriminación en el ámbito electoral y que fortalecen a la democracia. Con ello, se da cumplimiento al Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (Cámara de Diputados, 2021).