Las personas extranjeras que residen en México no tienen reconocidos sus derechos políticos, aunque participan del mercado laboral de la nación y pagan sus impuestos. El artículo 33 constitucional establece para ellas una prohibición absoluta de participar en los asuntos políticos del país, a la vez que les garantiza el respeto a sus derechos humanos.

Esta norma parece ignorar que los derechos políticos también son derechos humanos. El hecho de que a las personas extranjeras que viven en el país se les impida votar en las elecciones municipales o distritales donde habitan obedece, en buena medida, a la xenofobia que permea muchas de las decisiones políticas del país. En un país que se reconoce plural e incluyente, se les debería reconocer su derecho a votar en elecciones locales después de un cierto periodo de residencia.