¿Y la discriminación?
De acuerdo con datos de la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2013, la población en situación de calle sufre de discriminación a causa de su pobreza, que puede verse reflejada en indiferencia, rechazo, maltratos, violencia y otras violaciones. Algunas de estas personas buscan en el consumo de alcohol y substancias tóxicas medios para evadir su realidad, lo que causa un factor de riesgo adicional al hecho de sobrevivir en las calles, y los expone a un riesgo mayor de violencia y perpetúa la imagen de criminales que se tiene de ellos.

En lo cotidiano
Algunas personas en situación de calle suelen ser detenidas y violentadas por la policía sólo por su apariencia, son rechazadas en actividades laborales formales ante la falta de documentación o educación, y pueden verse vulnerables ante violencia física, emocional, psicológica y sexual por parte de sus pares, familiares o autoridades, con pocas probabilidades de denuncias ante ello. Asimismo, factores como la carencia de redes sociales positivas, el estigma social que les acompaña, la discriminación que reciben por su apariencia, el consumo de drogas, la falta de documentos oficiales y de una vivienda fija, resultan en la restricción de posibilidades de subsistencia y acceso al empleo de las poblaciones en situación de calle.

En el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o sociales
La sociedad aún no reconoce a las poblaciones en situación de calle como sujetos de derechos en igualdad de condiciones. Las personas en situación de calle son miradas y tratadas como potenciales delincuentes, lo que agudiza los actos de discriminación y violencia tanto del Estado como de la población en general. Las acciones y programas gubernamentales generados para la atención de esta población se han realizado desde una perspectiva de “discriminación titular” o “cero tolerancia”, que los estigmatiza y trata como víctimas o delincuentes.

La falta de documentos oficiales que los identifique como el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, registro de seguridad social, constancia de estudios o credencial de elector les impide acceder a los beneficios de los programas sociales.

No existe una convención o tratado internacional específico para que los Estados se comprometan a respetar y vigilar los derechos de la población en situación de calle, dado su perfil heterogéneo en el que coexisten niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas mayores; su baja visibilización y clandestinidad obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social.