La consolidación de la democracia en México no admite excepciones y exige derrotar todas las formas de exclusión y discriminación electoral. La aplicación del principio de igualdad y no discriminación exige, además de la universalidad del sufragio, la adopción de medidas que aseguren a toda la ciudadanía el acceso y el ejercicio pleno de derechos sin distinción de ningún tipo en los procesos electorales. La prohibición de discriminar incluye tanto los actos que tienen la intención de excluir como aquellos que, sin pretenderlo, terminan discriminando en sus resultados. La acción de las autoridades, por tanto, no debe limitarse a abstenerse de discriminar por cualquier vía, sino que deben tener un papel activo para crear igualdad de condiciones y oportunidades entre las personas, en lo individual y colectivo. Cabe insistir en que el acceso efectivo al voto puede ser tan importante como el derecho mismo, porque un derecho que no puede ser ejercido es un derecho negado.