Guía para la acción pública

Elecciones sin discriminación

Esta Guía, en su conjunto, es un recurso informativo, de formación y orientación dirigida a todas las personas que participan en la organización de las elecciones y, como ciudadanía electora, compartiendo la idea de que uno de los contextos más favorables para aprender a vivir en democracia es precisamente el de la participación activa en los procesos de conformación y renovación de los poderes públicos.

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La Guía para la Acción Pública (gap): Elecciones sin discriminación. Proceso Electoral Federal 2017-2018 es una colección conformada por cuatro cuadernos temáticos: 1) Participar y votar en igualdad, 2) Participar y organizar el proceso electoral, 3. Participar y votar el día de la elección y 4) Participar y opinar. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. En cada uno de ellos se desarrolla un tema específico, en función del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, particularmente de las personas y grupos que han sido y son objeto de una discriminación sistemática, y de las distintas etapas del proceso electoral (el antes, durante y después de la jornada electoral) que involucran la participación de la ciudadanía en condiciones de igualdad.

Votar en igualdad
PARTICIPAR Y
Buenas prácticas en relación con el ejercicio igualitario de derechos político-electorales
Organizar el proceso electoral
PARTICIPAR Y

Mecanismos que promueven la igualdad en el derecho a ser votada/o, así como la participación ciudadana.

Guía para la acción Pública: Votar el día de la elección
PARTICIPAR Y

Medidas para fortalecer la inclusión de todas las personas durante el día de la votación.

Guía para la acción: consulta infantil
PARTICIPAR Y OPINAR

Derechos político-electorales de las niñas, niños y adolescentes.

Presentación

Guía para la acción pública

Construir un México libre de discriminación ha sido una lucha de varias generaciones de mujeres y hombres convencidos de que la inclusión y la igualdad son condiciones indispensables para el desarrollo de una democracia moderna. Reforma tras reforma, hemos confeccionado un andamiaje electoral que no sólo asegura un piso de equidad para un pluralismo político que cruza transversalmente a todo el país y en todos los ámbitos geoelectorales, sino que ahora, además, asegura que la competencia por los espacios de representación política se dé garantizando la paridad de género en todas las candidaturas, y contamos con herramientas e instituciones para denunciar la discriminación y defender la igualdad de derechos.

Estos grandes cambios fueron producto de diversas reformas constitucionales, destacadamente de la aprobada en 2011 y de las realizadas en 2014 y 2015. La de 2011 porque en muchos sentidos constituye una de las reformas constitucionales más importantes desde 1917, reconoce la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos e incluye el principio pro persona para que sea considerado por parte de todas las autoridades. La de 2014 debido a que, además de crear un sistema nacional de elecciones, transformó el sistema de cuotas en un sistema paritario de base constitucional y la de 2015 porque protege el derecho de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas a participar en condiciones de igualdad en los procesos electivos que se realicen, aun en aquellos que se lleven a cabo mediante usos y costumbres.

Para el caso de las candidaturas, el sistema de cuotas fue ciertamente un buen esquema para generar cambios en las prácticas de los partidos políticos en relación con las mujeres que desean participar en la política.

En poco más de una década, con el sistema de cuotas pasamos de las sugerencias (meramente voluntarias) para que los partidos políticos incluyeran a mujeres en sus candidaturas a disposiciones obligatorias para que destinaran un porcentaje mínimo de candidaturas a las mujeres y, además, se estableció la obligación de asignar una parte del financiamiento público que reciben a promover el liderazgo de las mujeres. Con ello, es indudable que la presencia de las mujeres en los órganos de representación del Estado mexicano ha sido más notable. Esto no quiere decir que se hayan evitado casos o decisiones con las cuales los partidos políticos pretendían evadir las cuotas (como el caso de las juanitas, que es tal vez el mejor ejemplo de esa historia negra de simulación, para limitar la participación de las mujeres en los órganos de representación política). Sin embargo, con la instrumentación de la reforma de 2014 fue evidente que para garantizar la paridad de género en las candidaturas era necesario evitar cualquier espacio de interpretación al mandato constitucional. Así tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han tenido que emitir lineamientos, criterios interpretativos y resoluciones para que el sistema paritario constitucional se aplique, sin pretexto e incluyendo todas las candidaturas, tanto en las unipersonales como en las colegiadas que suponen un cargo de representación (paridad horizontal), como la que se da en los ayuntamientos.

Además del tema de género, sabemos que en la práctica se presentan situaciones de desigualdad que obstaculizan o incluso niegan el derecho al voto de grupos considerados en situaciones históricas de desventaja: personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas, personas trans y personas en situación de calle, por mencionar algunas. Pero también sabemos que estas conductas son resultado, principalmente, del componente cultural de la discriminación que debemos erradicar y que parte de estigmas y prejuicios en contra de ciertas personas o grupos con una condición particular. De ahí que el INE asume la responsabilidad de generar las medidas para lograr llevar a cabo elecciones en condiciones de igualdad.

Esta Guía para la acción pública electoral (GAP): Elecciones sin discriminación, se inscribe en ese contexto de medidas orientadas a construir un México libre de cualquier tipo de violencia o discriminación. Su objetivo es orientar a las áreas del INE, sobre las acciones que deben implementarse en cada una de las etapas del proceso electoral para atender las obligaciones en materia de derechos humanos y seguir avanzando de manera progresiva en una política de inclusión, igualdad y libre de discriminación institucional que se ha venido impulsando. Se trata, dicho de otra manera, de un documento que pretende facilitar la identificación de buenas prácticas en relación con el ejercicio igualitario de derechos político-electorales como el reconocimiento de conductas que obstaculizan ese ejercicio y tienden a reproducir fenómenos de discriminación.

En tal sentido la Guía está dirigida a todas las personas que participarán en el proceso electoral 2018, desde las instituciones como el INE, el TEPJF y las salas regionales, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), los organismos públicos locales electorales (OPLE), los consejos locales o distritales o los partidos políticos, como desde la ciudadanía, a través de las organizaciones de observación electoral, de quienes realizarán esta función a nivel personal, de quienes participarán en las labores de supervisión y capacitación electoral, en la integración de casillas y, por supuesto, de las y los electores.

Debo destacar que esta Guía, que es producto de un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional Electoral y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), pretende contribuir a las tareas de las autoridades electorales, la competencia por los cargos de representación en los partidos políticos, la selección e integración a quienes asumirán funciones de autoridad el día de la jornada electoral y finalmente la competencia democrática por un cargo de representación política se den libres de discriminación y garanticen la participación paritaria de hombres y mujeres.

He sostenido en múltiples espacios que las elecciones son una escuela de democracia. Por ello, confío en que, si sumamos esfuerzos entre instituciones, partidos y organizaciones de la sociedad civil, así como entre la ciudadanía y los medios de comunicación, el proceso electoral más grande de nuestra historia también será el proceso formativo más grande que hayamos experimentado para contribuir a difundir nuevas prácticas de igualdad entre los géneros y erradicar la discriminación.

 

Lorenzo Córdova Vianello
Consejero Presidente del
Instituto Nacional Electoral

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