La situación de desventaja de las mujeres para participar en el espacio público y las dificultades que enfrentan para acceder a los espacios de toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en el económico son evidentes. Las mujeres están más aisladas o desconectadas que los hombres y cuentan con menos capital relacional que estos cuando se trata de intermediar para tener acceso a algún derecho.

Estas dos referencias nos permiten reflexionar en que no es casualidad que existan leyes e instrumentos, de origen nacional e internacional, que promuevan específicamente medidas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como la Convención de Belém do Pará), así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El derecho a la igualdad tiene tantas interpretaciones como lugares y contextos en los que se defiende, y por ello es necesario enfocar las diferentes formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres y que las limitan en sus opciones personales y profesionales.

El caso de la participación política es emblemático de las dificultades en tanto implica salir del espacio de la esfera privada, tradicionalmente femenino, y enfrentarse a un mundo dominado por hombres y prácticas masculinas en términos de las formas, las prácticas y los horarios.

El Instituto Nacional Electoral celebra el impulso de investigaciones como la del Dr. Ricardo Ruiz Carbonell que arrojan luz sobre los obstáculos de la participación política de las mujeres y visibilizan los retos institucionales y sociales que debemos asumir para propiciar un acceso igualitario al ejercicio de los derechos político-electorales.

El documento contiene datos que permiten iniciarse en el tema de la construcción del género; el contenido de los principios de igualdad y no discriminación, igualdad sustantiva, cuotas y paridad.

No obstante los avances que se han tenido al respecto, dice el autor, el gran reto es lograr que la participación femenina en cargos de representación sea igual que la masculina.

El primer capítulo del libro ilustra sobre la negación a las mujeres del derecho a la propiedad, a la libertad de organización y al voto, así como el tardío reconocimiento de estos. El segundo capítulo expone la construcción histórica de los géneros y los estereotipos que han respaldado la discriminación y neutralización de las mujeres, incluido el ámbito de la participación política. Estas construcciones varían de acuerdo a la etnia, la edad y la clase social a la que pertenecen las mujeres.

En el capítulo tercero se aborda la violencia política de género y la complejidad y diversidad de dichos actos generadores de apatía e impotencia. Esta discusión es relevante dada la reciente aprobación del dictamen de violencia política en el Senado de la República. Posteriormente, aborda a la desigualdad y la discriminación como
obstáculos para ejercer una ciudadanía plena y los principales instrumentos que promueven los derechos humanos de las mujeres. En el capítulo sexto, el autor recorre la historia de la consecución del derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en México y en el mundo, y finalmente concluye con recomendaciones puntuales
para deconstruir el mandato de género como, por ejemplo, que los medios de comunicación se abstengan de mostrar visiones estereotipadas de las mujeres y que existan campañas educativas para erradicar la división sexual del trabajo, entre otras.

Con esta publicación, el Instituto Nacional Electoral pretende generar información, para abonar al conocimiento de la Verdad, propiciar el Diálogo entre la pluralidad de la sociedad mexicana y generar contextos y demandas de Exigencia social e institucional para el logro de una ciudadanía participativa que permita la libre expresión de manifestaciones políticas basadas en la igualdad.

Esos son precisamente los objetivos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que el INE ha puesto a  Disposición de la ciudadanía mexicana para ser apropiada y con base en ellos logremos una participación política activa, persistente e igualitaria.