Una de las habilidades más significativas que tiene la humanidad es su capacidad comunicativa a partir del lenguaje. Gracias a él, se pueden compartir ideas, teorías y creencias; conocimientos, sueños y objetivos; aprendizajes, pensamientos y vivencias; en pocas palabras, nuestra cultura.

La forma de expresión a partir del lenguaje depende mucho del contexto en el que nos encontremos: no utilizamos el mismo vocabulario y expresiones en el ámbito laboral que en una reunión con amistades, ya que lo que se considera propio en una situación, resulta inadecuado en otra.

En este sentido, durante mucho tiempo se consideró que en la administración pública lo que debía privilegiarse
era utilizar un lenguaje técnico-profesional que diera cuenta de los conocimientos que poseía la persona que se
encontraba al frente de un cargo público. Así, los documentos emanados de oficinas institucionales solían estar
escritos con un vocabulario que resultaba incomprensible para una parte considerable de la población que no
contaba con los recursos lingüísticos necesarios para poder entender de manera clara, sencilla y eficaz cuál era el
mensaje que intentaban transmitirle.

De manera indirecta y sin intención, la administración pública estaba discriminando a aquellos sectores
poblacionales que por sus condiciones de vida y contexto personal, estaban lejos de conocer un lenguaje lleno de
tecnicismos. Así, a partir del lenguaje, se creó una barrera entre la población y la administración pública.

Será esa brecha la que impulse a diversas instituciones de varios países a modificar los modelos comunicacionales y buscar poner en marcha prácticas que logren que los documentos emitidos por la administración pública, especialmente los dirigidos a la ciudadanía, estén escritos con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Dichas prácticas son conocidas como lenguaje ciudadano.

En términos jurídicos, la principal bondad del lenguaje ciudadano es garantizar el respeto pleno de los derechos
humanos de las personas al brindar información que sea accesible para cualquiera sin distinción alguna,
principalmente aquellas devenidas de la condición socioeconómica y el nivel académico. En México, el uso de un
lenguaje llano, como también es nombrado, es sumamente importante si consideramos que el 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Como es sabido, el objetivo de dicha ley es promover todo lo que sea necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.

Así, cada institución está comprometida a garantizar que toda emisión de contenidos esté escrita con un lenguaje claro, sencillo y comprensible para facilitar su uso y conocimiento. En este sentido, se considera que el Instituto Nacional Electoral tiene como propósito “contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”, y por ello es necesario que quienes colaboran para dicha misión, hagan un compromiso por adoptar el lenguaje ciudadano, lo que resultaría en una participación mucho más efectiva de la ciudadanía en los procesos electorales y por tanto en la construcción de una sociedad mucho más democrática.

En este sentido, y aunado al uso de un lenguaje sencillo y claro, es necesario reconocer que a través del lenguaje
también se ejerce discriminación cuando se invisibiliza o desvaloriza a sectores de la sociedad que por sus
condiciones históricas han sido considerados como grupos en condiciones de vulnerabilidad. Uno de dichos grupos está conformado por la mitad de la población: las mujeres. Durante muchos años, en la lengua española, se ha considerado que el uso del masculino es universal y neutro, genérico; sin embargo, el masculino únicamente da cuenta de un grupo de la población, permitiendo que la construcción jerárquica del género siga existiendo al preponderar lo masculino sobre lo femenino.

El género es la construcción social y cultural que se hace de hombres y mujeres con base en su sexo biológico: desde el momento en que una persona nace -e inclusive antes- su sexo (mujer u hombre) será tomado como referencia para atribuirle una serie de características (estereotipos, roles e identidad) acerca de cómo se espera que sean su comportamiento y su desarrollo dentro de la sociedad.

El lenguaje es un agente socializador del género porque a través de su uso se nos enseña qué modelos de conducta son aceptables para mujeres y hombres en una sociedad determinada, así como las consecuencias que tiene la adopción o transgresión de estos modelos. En sí, la lengua no es discriminatoria, es la manera de usarla lo que es discriminatorio al ser el reflejo de una sociedad que todavía tiene un largo camino por andar para lograr la igualdad.

Para conseguirlo, es necesaria la implementación del lenguaje incluyente, lo que implica que se represente a
mujeres y a hombres de manera equilibrada en todas las comunicaciones emitidas por el personal del Instituto
Nacional Electoral. Para ello, el español presenta diversas opciones que se expondrán en el contenido de este
manual.

Siguiendo la línea de la no discriminación en el lenguaje hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y pensando en la aplicación del lenguaje incluyente de manera amplia, es necesaria una breve revisión al uso correcto de la lengua en el campo de los grupos étnicos, sobre todo porque México es un país multicultural y pluriétnico, y el lenguaje empleado por el personal del INE debe dar cuenta de ello.

Asimismo, únicamente podemos pensar en una sociedad incluyente cuando las comunicaciones emitidas por las
diversas áreas de la institución se expresan de manera acertada en el ámbito de la discapacidad.

De esta manera, con la adopción de un lenguaje incluyente que sea claro y sencillo, el Instituto Nacional Electoral
da un paso más para consolidarse “como un organismo público autónomo, transparente y eficiente, en el que
la sociedad cree y deposita plenamente su confianza, que se distingue por proporcionar servicios cada vez más
confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser el principal promotor de la cultura democrática en el país”.

Para contribuir al cumplimiento de dicho cometido, este manual, brinda información teórica y práctica acerca
de cómo incorporar el lenguaje ciudadano y el incluyente, para así facilitar el compromiso del personal con el
cumplimiento del uso de dichos lenguajes.