Uno de los dilemas actuales de los sistemas democráticos es procurar mayores niveles de inclusión social y política. México, como otros países de América Latina, se ha caracterizado históricamente por la exclusión de diversos grupos por cuestiones de género, clase social o etnicidad, entre otros. Las instituciones políticas han estado dominadas por élites políticas integradas mayoritariamente por un grupo dominante en términos ideológicos, partidistas e incluso de género, limitando el pluralismo político. Aun cuando el reconocimiento de los derechos político-electorales en las reglas formales está presente desde hace varias décadas, la inclusión sustantiva1 continúa siendo un reto importante del sistema político mexicano.
La ausencia o escasa representación de la mitad de la población, como son las mujeres en las instituciones políticas, manifiesta una grave falla en el funcionamiento de la democracia mexicana. En la práctica, esto significa que existen diferencias significativas entre las mujeres y los hombres respecto al acceso igualitario a la participación, la representación y al ejercicio del poder. La política continúa siendo “cosa de hombres” y las mujeres enfrentan obstáculos políticos, sociales, económicos y culturales cuando quieren ser candidatas, ejercer un cargo de representación popular o hacer carrera partidista.
En las últimas décadas, México ha realizado esfuerzos significativos para transformar esta realidad a través de las reglas electorales, del seguimiento y monitoreo de la autoridad electoral administrativa y del activismo judicial en los tribunales. Estos cambios se han traducido en modificaciones importantes de la representación política de las mujeres a nivel federal. Desde la elección de 1988 a la de 2015, la representación política de las mujeres en la Cámara de Diputados aumentó al menos 30.8 puntos porcentuales, pasando de 11.8% a 42.6% (Gráfico Nº 1). Esto no sólo supuso la transformación de la representación descriptiva 2 , es decir, el número de mujeres legisladoras, sino también la incorporación de temas en la agenda sustantiva de las instituciones políticas que de otra manera no estaban presentes.3
El crecimiento de las representantes mujeres también se ha dado en la Cámara de Senadores. De la elección de 1988 a la de 2012 la representación política de las mujeres en dicha Cámara aumentó 17.2 puntos porcentuales, pasando de 15.6% a 32.8% en el período analizado (Gráfico Nº 2).
La renovación del Senado de 1988 fue excepcional pues, a diferencia de lo que ocurrió en elecciones posteriores (salvo la integración del Senado de 2012 a 2018), el porcentaje de mujeres que ocuparon una curul fue elevado aun cuando todavía no se contaba con reglas que exigieran la paridad de las candidaturas.
El mayor número de mujeres en la LXIII Legislatura de la Cámara Baja (2015-2018) fue resultado de los cambios institucionales producto de las reformas político-electorales realizadas en 2014, que establecieron la exigencia de la paridad de género en las candidaturas a las legislaturas federales y locales 4, logrando así el porcentaje más alto de la historia de mujeres ocupando curules en la Cámara de Diputados: 213 de 500 (Gráfico Nº 3).
A pesar de lo exigido en las reglas electorales con la paridad de género en las candidaturas, en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados (2015- 2018) ningún partido consiguió que fueran electas el 50/50 de diputadas y diputados. El partido que ubicó más mujeres que hombres en esa legislatura fue Morena con 51.4% diputadas y 48.6% diputados (Gráfico Nº 4).
Históricamente, otro partido de izquierda había sido el que más legisladoras había ubicado en la Cámara Baja: el PRD desde 1998 a 2015 (Gráfico Nº 4), mientras que el PRI es el partido que más senadoras ha conseguido colocar en un período similar (Gráfico Nº 5).
Una de las discusiones sobre la integración de las Cámaras ha sido respecto a cuál es el principio de representación que más favorece la elección de mujeres candidatas. La literatura ha llamado la atención sobre las dificultades que tenían las mujeres para ser electas como diputadas a través del principio de Mayoría Relativa. Los datos presentan evidencia contundente al respecto. Con excepción de la LIV Legislatura (1988-1991), el mayor porcentaje de mujeres diputadas ha sido conseguido por el principio de Representación Proporcional (RP). Desde que se incluyó el RP para la elección del Senado, un mayor número de mujeres pudieron.
En el período analizado también se ha incrementado significativamente el número de mujeres candidatas y mujeres electas a nivel estatal (Gráfico Nº 6). El análisis de los datos de las elecciones a diputaciones locales en los 32 estados, da cuenta del incremento del número de candidatas y de diputadas electas entre 1995 y 2015 (Gráfico Nº 6), aunque ese incremento no ha sido similar en todos los estados y el número de electas no ha alcanzado la paridad de género.
La comparación evidencia que algunas entidades destacan por presentar cifras más altas de diputadas electas en las diferentes legislaturas alcanzando los niveles de masa crítica5 esperables para una representación política más igualitaria: la Ciudad de México con 30% (198 diputadas de 660 escaños), Campeche con 29.8% (73 diputadas de 245 escaños), Oaxaca con 29.5% (62 diputadas de 210 escaños), Michoacán con 27.8% (75 diputadas de 270 escaños) y Yucatán con 25.7% (45 diputadas de 175 escaños) en el periodo de 1998-2015.
Sin embargo, hay otras entidades como Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit o Baja California donde los niveles de representación de las mujeres (en relación al total de las personas que integran la legislatura) continúa siendo bajo (no supera el 16%).
Los esfuerzos por construir sociedades más igualitarias han encontrado en la ampliación de los derechos políticos de las mujeres y en su representación política espacios para modificar relaciones de poder jerárquicas, discriminatorias y excluyentes. Sin mujeres en las instituciones resulta muy difícil hablar de una verdadera democracia. Una democracia a medias no es democracia. La ausencia de las mujeres, como también de personas indígenas, jóvenes o afrodescendientes, limita las posibilidades de expresar la pluralidad, toda vez que la presencia de estos grupos permite la inclusión de temas, perspectivas e intereses tradicionalmente subrepresentados.
Si bien se han incrementado el número de mujeres en las instituciones legislativas federales, aún falta mucho trabajo para alcanzar la igualdad sustantiva, ampliar los derechos políticos de la sociedad y generar una democracia paritaria. Esta no es una cuestión menor dado que se trata de un asunto de derechos humanos y, en definitiva, de democratizar al sistema político mexicano.
1. La igualdad formal o de jure reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales que están reconocidos por la ley; la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana.
2. A partir de la LX Legislatura (2006-2009) y a lo largo de las últimas cuatro (LX, LXI, LXII y LXIII) se dio un importante crecimiento de 6.5% en la representación política de las mujeres en la Cámara de Diputados. En este sentido, la LXIII Legislatura (2015-2018) ha sido la que más mujeres ha integrado.
3. La participación de legisladoras (y legisladores) comprometidos con las demandas de género perfecciona el funcionamiento de la democracia, equipara las condiciones de igualdad entre los sexos y hace más inclusivos los sistemas políticos. La presencia de legisladores feministas supone estilos, temas y maneras de hacer política diferenciada de quienes carecen de esta mentalidad y visión de las relaciones sociales.
4. Artículo 41º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. La masa crítica es la presencia mínima suficiente capaza de incidir de manera efectiva en la definición de la agenda pública y en la adopción de decisiones políticas, como primer paso hacia una distribución equitativa y equilibrada del ejercicio del poder entre mujeres y hombres.
Año 1 Boletín #01 Mayo 2017
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